México presentó hoy una segunda demanda judicial, tras una primera rechazada, contra fabricantes de armas estadounidenses, a los que atribuye la oleada de criminalidad desde hace casi 16 años, que ya dejó más de 400.000 muertos y 105.000 desaparecidos.

México presentó una segunda demanda. La querella contra cinco de los gigantes que se dedican a manufacturar armas en Estados Unidos fue planteada hoy en Arizona, por el tráfico ilegal de armas y su contribución a la violencia en México, que se ha traducido en “delitos muy graves” como “homicidios, femicidios y cosas muy delicadas”, anunció el canciller Marcelo Ebrard en un video difundido en redes sociales.

“Los estamos demandando porque aquí, evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país“, refirió el funcionario.

Lo que México busca con estos recursos judiciales es que la Corte de Arizona imponga sanciones a las compañías que fabrican armas porque -enfatizó el canciller “es un delito de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron en Estados Unidos“.

“No nos vamos a dar por vencidos porque solo si reducimos la disponibilidad de armas en México disminuiremos también la violencia que padecemos“, advirtió Ebrard, quien subrayó la necesidad de que “ambos gobiernos trabajen de manera conjunta en el combate al tráfico de armas y drogas para detener la ola de violencia“.

“Si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño“, expuso.

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La semana pasada, la Corte de Distrito en Boston, desestimó la demanda que interpuso México en agosto del año pasado contra ocho compañías por considerar que, aunque existen elementos para la querella civil, las empresas gozan del amparo que les da la Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA).

Este veredicto será apelado antes del 30 de octubre próximo, cuando vence el plazo para hacerlo, según anticipó el presidente Andrés López Obrador.

El gobierno mexicano, que presentó su caso el 4 de agosto de 2021, buscaba una compensación de unos 10.000 millones de dólares.

La cancillería dijo que apelará la sentencia, al sostener que la ley estadounidense impide fallar a favor de un gobierno extranjero, difundieron las agencias de noticias ANSA y AFP.

Anualmente se trafican a México desde Estados Unidos más de medio millón de armas, según datos oficiales.

México ha registrado más de 400.000 asesinatos y 105.000 desparecidos, la mayoría atribuidos a organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.

Un Juez de EEUU (Estados Unidos) desestimó en las últimas horas una multimillonaria demanda que presentó México contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de “comercio negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio.

“Desgraciadamente, para el gobierno de México todas sus demandas están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones“, justificó el juez de EEUU, Dennis Saylor del estado de Massachusetts en un largo documento en el que señaló además que el tribunal “no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso“.

En su escrito, el magistrado indica que “aunque el Tribunal siente una considerable simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley“.

Eso lo lleva a afirmar que “se concederán las mociones de desestimación” que habían presentado los acusados, consignó la agencia de noticias AFP.

México demandó en agosto de 2021 a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país ante el tráfico fronterizo.

Según la cancillería mexicana, de 342.000 a 597.000 armas fabricadas por esas firmas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedente de Estados Unidos; armas que terminan siendo halladas en 70% a 90% de las escenas del crimen a nivel nacional.

El gobierno mexicano asegura haber “tenido que gastar enormes fondos” para combatir los efectos “de la conducta ilícita de los demandados“, entre “costos sustanciales e inusuales” de atención médica, servicios policiales y militares, administración de justicia penal, asistencia pública y otros servicios y programas públicos.

Por lo que decidió apelar el rechazo a su demanda contra los fabricantes de armas, estimada en unos 10.000 millones de dólares, según la agencia de noticias Europa Press.

“La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país“, informó el ministerio en un comunicado, luego de conocer el veredicto.

México ocupa la tercera posición de la lista de naciones con más muertes relacionadas con armas, causadas principalmente por el narcotráfico.

El centro de la demanda consistía en determinar si fuera de México los fabricantes están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada con el objetivo de proteger a la industria armamentística de toda responsabilidad civil por el mal uso penal de sus productos.

Los fabricantes alegaban que México carece de “jurisdicción personal” para acusarlos legalmente.

En una réplica fechada el 14 de marzo, las empresas sostenían que la denuncia no mencionaba “a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México“.

Además, acusaban al gobierno mexicano de tratar de responsabilizarlos “por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales” en ese país.

Con su demanda ante una corte del estado de Massachusetts, donde se encuentra la sede de la mayoría de fabricantes de armas, México busca poner el tráfico ilegal en el centro de la conversación bilateral y compartir responsabilidades con su vecino por la violencia ligada al narcotráfico.