En razón de su importancia presente y futura para Salta y el interior, el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) ha decidido emitir el presente documento de apoyo a la prórroga de la ley de Biocombustibles N° 26093, ya aprobada por el Senado de la Nación. Comunicado: FOCIS

Los aspectos a considerar sobre las implicancias de la industria de los biocombustibles incluyen entre otros, el presente, el futuro, las inversiones productivas, el desarrollo del interior, el desarraigo y consecuente crecimientos de villas miserias, la industria nacional, la autonomía energética, el medio ambiente, el valor agregado en origen, la economía de fletes, el futuro uso de los biocombustibles en su lugar de origen y otros aspectos de menor importancia.

Las Economías Regionales proveedoras de materia prima para la elaboración de los biocombustibles incluyen para bioetanol, la industria sucroalcoholera (caña de azúcar), maíz y sorgo en tanto para biodiesel, soja, girasol, cártamo, etc.

Actualmente son 54 plantas las que están funcionando en diez provincias con una ocupación directa e indirecta del orden de los 220.000 puestos de trabajo en tanto el ahorro de divisas, fue en dos años, del orden de los 1600 millones de pesos.

Es destacable que existen máquinas nacionales para el extrusado y prensado de la soja con lo que además de agregar valor a materias primas agrarias el proceso industrial se realiza con inversiones adquirentes en la industria nacional.

En Salta y el interior los biocombustibles deben transformarse en vectores de desarrollo de una economía circular y sustentable.
Circular porque comenzando con la soja, el expeller pasa a ser alimento como componente del 20% de los alimentos balanceados que se transforman en carnes (vacuna, porcina, aviar, etc.) como producto final de consumo o exportable.

Y Sustentable porque siendo la contaminación de su combustión 70% menos que la combustión de combustibles fósiles y no emitiendo sulfitos, como es el caso de aquellos, la contribución a la mejora del medio ambiente la convierte en una economía sustentable.

Creemos en FOCIS que los biocombustibles deben ser considerados factores fundamentales de desarrollo en todas las provincias del Norte Grande, la caída de la ley de marras operaría de verdadero cerrojo en el campo de la expansión de la energía renovable no contaminante impidiendo este verdadero disparador del desarrollo productivo.

Como todos los medios ya han comentado el Lobby de empresas y provincias petroleras para desactivar el aporte de biocombustibles en nuestros combustibles fósiles, obedece a posiciones que reiteradamente conducen a nuestro país a situaciones perjudiciales para el desarrollo del interior agrícola en beneficio de sectores petroleros. Es tiempo de dar oportunidades a regiones postergadas como el NOA NEA para que desarrollen sus potencialidades y salgan de su postración histórica dando a sus pueblos la oportunidad de superar el retraso que históricamente los afecta y somete a las mayores pobrezas del país.

Por lo expuesto desde FOCIS en forma unánime exhortamos a nuestras autoridades y en especial a nuestros legisladores, para que en una acción de federalismo pleno, gestionen la urgente aprobación de la prórroga de la ley N° 26093 de biocombustibles en la Cámara de Diputados de la Nación.

El 12 de diciembre del pasado año, nuestro presidente Alberto Fernández ratificó el Acuerdo de París, asumió como compromiso que nuestro país reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030.

El 12 de diciembre del pasado año, nuestro presidente Alberto Fernández ratificó el Acuerdo de París, el mandatario asumió como compromiso, que nuestro país reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030. Mientras que el gobierno retrasa la extensión de la Ley 26.093 del uso de Biocombustibles en las naftas, nuestro Presidente afirma que hay que tomar acciones inmediatas sobre el Cambio Climático

Dentro de su compromiso, en forma virtual nuestro Presidente manifestó que el: “El planeta nos dice basta. Asumamos la responsabilidad histórica de contribuir a un mundo mejor”.

Uno de los mayores impactos generados por el hombre a través de las décadas es el uso de combustibles provenientes de recursos no renovables tales como el carbón de piedra y el petróleo. Ambos combustibles se encuentran acompañados de azufre y compuestos derivados, ya que los mismos se formaron en condiciones sin oxígeno.

Combustibles no renovables

El desarrollo que generó el uso de dichos combustibles generó un avance increíble en la historia del hombre, pero sin embargo dichos combustibles generaron un alto impacto negativos sobre el ambiente. (Inge Thiel – Conicet Mendoza)

Y es por ello que con vehemencia Alberto Fernández al asumir que: “El cambio climático es una realidad que está afectando a la humanidad en su conjunto y que requiere una acción inmediata y coordinada de los líderes de todo el mundo”, expresó el mandatario en un breve mensaje ante los líderes mundiales.

Y es así, la combustión de combustibles provenientes de recursos no renovables, genera todas las variables para impactar directamente al medio ambiente. Genera gases tales como el Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono y otros gases que contribuyeron a acelerar y potenciar el efecto invernadero, la lluvia ácida y por supuesto la contaminación del aire, suelo y agua.

El Biocombustible como única alternativa

El único combustible alternativo que puede utilizarse directamente en cualquier motor diésel, sin requerir ningún tipo de modificación es el Biodiesel. Hoy en día, dichos motores requieren un combustible que al ser sometido a distintas condiciones en las que opera, permanezca estable y por otra parte sea limpio al quemarlo.

Al poseer propiedades similares al combustible diésel de petróleo, ambos se pueden mezclar en cualquier proporción, sin generar problema alguno. La gran fortaleza que representa el Biodiesel como combustible radica en su posibilidad de generarse a partir de cultivos que en nuestro país, tal es el caso de la caña de azúcar en nuestra provincia y que a su vez no solo provoca un descenso del desempleo, sino que además proviene de parte del proceso de la producción de azúcar, evitando agotar recursos no renovables.

En octubre de este año, se aprobó en comisión del senado la renovación de dicha Ley, liderada por la senadora María de los Ángeles Sacnun, del Frente Para la Victoria, seguramente en coherencia con el pensamiento sobre el Calentamiento Global de Nuestro Presidente.

En el cuerpo de la misma se hace hincapié con fuerza de ley que “La utilización de biocombustibles genera un ahorro (en comparación con los combustibles fósiles) superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades. A partir de la sanción de las Leyes 27.270 y 27.520 Argentina se ha comprometido en cumplir metas, las cuales no serán posible de alcanzar sin el aporte de los biocombustibles”.

Precisamente la Ley 27270 aprueba en su totalidad los 29 artículos del acuerdo de París constituido en 12 de diciembre del 2015 y la nueva Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.

Justamente la Lay 27.520 donde en su artículo 3, impone con fuerza de Ley que se deben realizar: “Medidas de mitigación: Acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático así como medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono”.

Dicha Ley fue publicada el 20 de diciembre del 2019, aprobada por el Congreso de la Nación y archivada por la Secretaria Legal y Técnica de la Nación Vilma Lidia Ibarra.

La Mitad del país se encuentra a la espera de la aprobación de la misma, se perderían mas del 50% de las fuentes de trabajo que sostiene una energía renovable y que cumple con todos los requisitos del Acuerdo de París.

Hasta la sanción de la ley 25.916 no se había impuesto la gestión integral de los RSU como una obligación legal. La Nación ha ejercido la facultad de establecer los “presupuestos ambientales mínimos” a que se refiere el artículo 41 de la Constitución Nacional mediante la ley 25.916 de gestión de residuos domiciliarios.

La ley establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. (Artículo 1)

Esta enunciación de los distintos orígenes revela que se pretendió normar el destino de residuos domésticos y urbanos excluyendo, por ejemplo, otros residuos que son muy voluminosos e impactantes en el ambiente, como ser los de origen agropecuario, pesquero, naviero, aeronáutico, deportivo, cinegético, bélico, vial o minero, incluida la extracción de hidrocarburos.

Por su Art. 2, la ley denomina como residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados.

Se presume que la intención del legislador fue normar el destino de lo que sus leyes anteriores denominaban residuos domiciliarios y los excluía expresamente de su régimen (Ley 24.051,  Art. 2 y ley 25.612  Art. 5) pero no los definían ni tampoco les daban una denominación que facilitara su identificación.

Por su parte, los de origen industrial fueron normados minuciosamente por la ley 25.612 de gestión integral de residuos industriales.  Dicha ley incluye en su régimen los residuos de origen industrial y de actividades de servicio (Artículo 1). El Artículo 5° excluye de su régimen a los residuos domiciliarios.

La ley 25.916 impone la síntesis. No solo norma los residuos domiciliarios, que la ley 25.612 excluye de su régimen (Artículo 5º), sino que crea la categoría de residuos domiciliarios de origen industrial, y así arrastra a su sistema residuos que el Artículo 1º de la ley 25.612 incluye en su régimen.

Por lo tanto la ley 25.916 creó y regló la categoría de residuos domiciliarios de origen industrial y así complementa a la ley 25612.

La Ley 25.916 (Art. 3) denomina gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población con las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final.

a) Generación: es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios.

b) Disposición inicial: es la acción por la cual se depositan o abandonan los residuos; es efectuada por el generador, y debe realizarse en la forma que determinen las distintas jurisdicciones.

La disposición inicial podrá ser:

1. General: sin clasificación y separación de residuos.

2. Selectiva: con clasificación y separación de residuos a cargo del generador.

c) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los residuos en los vehículos recolectores. La recolección podrá ser:

1. General: sin discriminar los distintos tipos de residuo.

2. Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior.

d) Transferencia: comprende las actividades de almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento de residuos para su transporte.

e) Transporte: comprende los viajes de traslado de los residuos entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral.

f) Tratamiento: comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos.

Se entiende por acondicionamiento a las operaciones realizadas a fin de adecuar los residuos para su valorización o disposición final. Se entiende por valorización a todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización.

g) Disposición final: comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos domiciliarios, así como de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en esta etapa las actividades propias de la clausura y post-clausura de los centros de disposición final.

La  parte dispositiva de la ley obliga:

a) Al generador, a realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos  de acuerdo a las normas complementarias que cada jurisdicción establezca mediante métodos apropiados que prevengan y  minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población (Artículos 9 y 10).

b) A las autoridades competentes, a garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Asimismo, deberán determinar la metodología y frecuencia con que se hará la recolección, la que deberá adecuarse a la cantidad de residuos generados y a las características ambientales y geográficas de su jurisdicción (Articulo 13).

c) Al transportista, a usar vehículos  habilitados y debidamente acondicionados de manera de garantizar una adecuada contención de los residuos y evitar su dispersión en el  ambiente (Artículo 14).

Reglamenta las plantas de tratamiento, las estaciones de transferencia y los centros de disposición final. El Capítulo V “Tratamiento, Transferencia y Disposición final” de la ley obliga a destinar todo residuo domiciliario que provenga del rechazo de los procesos de valorización y que no haya sido valorizado a un centro de disposición final habilitado por la autoridad competente (Artículo15).

Denomina estación de transferencia, a aquellas instalaciones que son habilitadas para tal fin por la autoridad competente, y en las cuales los residuos domiciliarios son almacenados transitoriamente y/o acondicionados para su transporte, en tanto que describe como planta de tratamiento, a los fines de la presente ley, a aquellas instalaciones que son habilitadas para tal fin por la autoridad competente, y en las cuales los residuos domiciliarios son acondicionados y/o valorizados.

Determina que para la operación y clausura de las plantas de tratamiento y de las estaciones de transferencia, y para la operación, clausura y postclausura de los centros de disposición final, las autoridades competentes deberán autorizar métodos y tecnologías que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.

Encomienda a la autoridad establecer, los requisitos necesarios para la habilitación de centros de disposición final, en función de las características de los residuos domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, y de las características ambientales locales.

En materia de sanciones, hace solidariamente responsable a los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia de la persona jurídica infractora y destina lo ingresado, en concepto de multas, a fondos destinados exclusivamente a la protección y restauración ambiental (Artículo 31 y 32).

La ley N° 25.916 de “Gestión integral de residuos domiciliarios” fue sancionada el 4/8/04 y promulgada el 3/9/04, siendo su publicación en el Boletín Oficial el 7/9/04, dicha Ley es clave para toda licitación que cada municipio deba realizar y demarca los límites de cada uno de los participantes