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Los Ángeles, Estados Unidos.
A más de 35 años del brutal asesinato de José y Kitty Menéndez, un caso que estremeció a la sociedad estadounidense y se convirtió en un fenómeno mediático global, la historia de los hermanos Lyle y Erik Menéndez vuelve a ocupar titulares. Un juez del condado de Los Ángeles dictó esta semana una resolución que podría abrir la puerta a una revisión del juicio, lo que renueva el debate sobre uno de los crímenes familiares más polémicos de las últimas décadas.
El 20 de agosto de 1989, los hermanos, entonces de 21 y 18 años respectivamente, dispararon a sus padres con escopetas mientras estos veían televisión en la mansión familiar de Beverly Hills. Tras meses de aparente duelo, las sospechas sobre los jóvenes aumentaron, hasta que confesaron el crimen. Su argumento: actuaron en defensa propia, tras años de abusos sexuales y psicológicos perpetrados, según ellos, por su padre, un empresario exitoso y temido.
En los juicios que siguieron, la opinión pública se dividió. Algunos vieron en los Menéndez a dos jóvenes privilegiados movidos por la codicia —especialmente por el acceso a una fortuna millonaria—, mientras que otros empezaron a contemplar la posibilidad de que fueran víctimas de un entorno familiar profundamente disfuncional.
Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996. Sin embargo, el caso nunca desapareció del todo del interés público. Con los años, resurgió impulsado por documentales, series y, recientemente, por nuevas pruebas que han llevado a familiares y defensores a reactivar una campaña por su liberación.
La novedad judicial de esta semana radica en que el magistrado consideró admisible la revisión de evidencia nueva, incluyendo grabaciones inéditas y testimonios que habrían sido ignorados durante el segundo juicio, particularmente vinculados a los abusos que los jóvenes denunciaron. Este giro, según abogados defensores, representa “una oportunidad histórica para reparar una condena obtenida bajo una narrativa incompleta”.
El fiscal del distrito, sin embargo, ha dejado claro que los crímenes no deben ser minimizados: “Se trató de un asesinato planificado y ejecutado con frialdad. Nada justifica esa violencia”.
Mientras tanto, el caso Menéndez vuelve a encender un debate mayor: ¿hasta qué punto debe considerarse el trauma y los abusos en la responsabilidad penal? ¿Es posible hacer justicia cuando la verdad parece dividida entre versiones opuestas?
Por ahora, Lyle y Erik permanecen en cárceles separadas del estado de California. Pero, por primera vez en décadas, vislumbran una posibilidad que parecía imposible: salir libres.
